Los auditores creen que las medidas adoptadas en materia concursal son insuficientes y solo posponen el problema

Consideran imprescindible la creación de nuevos juzgados mercantiles, dotados de más jueces, y una oficina judicial con más personal, para poder gestionar de manera adecuada esta nueva situación de crisis que está viviendo España

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, 5 de mayo, el Texto Refundido de la Ley Concursal, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de septiembre de 2020. Un texto que, según los expertos del Registro de Auditores Judiciales califican de insuficiente: la aprobación de este texto en esta situación de crisis no es oportuna, por la avalancha de concursos que se esperan, porque los juzgados de lo mercantil no pueden trabajar a pleno rendimiento, y porque hay que adaptar al nuevo articulado del Texto Refundido a todos y cada uno de los modelos con los que se trabaja en los juzgados, «una tarea laboriosa en muy poco espacio de tiempo» indican.

El Registro de Auditores Judiciales (RAJ), del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), cree que estas medidas no hacen más que diferir en el tiempo los problemas existentes y no establece soluciones que puedan evitar la insolvencia, y aunque pueda ayudar en la tramitación de los procedimientos concursales, no evita que la empresa entre en concurso. “Los auditores deberíamos ser llamados y escuchados, junto con el resto de los representantes de los administradores concursales citados en la Ley, en la toma de decisiones que culminen en la aprobación de nuevas medidas, que ineludiblemente deben tomarse, para evitar un nuevo fracaso de la Ley Concursal”, reclamó Eduardo Molina.

Además de introducir nuevos problemas, el RAJ considera que el Texto Refundido es a todas luces insuficiente para afrontar esta situación, como ha sucedido con otras crisis en el pasado, siendo imprescindible cuanto antes la transposición de la Directiva 2019/2013 o la aprobación inmediata de las medidas previstas en la Directiva como
los indicadores para detectar anticipadamente la insolvencia. Por último, no parece que esta aprobación baste para enfrentarse a una nueva crisis con un texto que, por refundido que esté, no tenía, ni tiene en cuenta el COVID-19.

 

 

 

 



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