Cerca del 90% de informes de auditoría se han hecho en los plazos habituales

La mayoría de las empresas valencianas no han tenido que acogerse a las ampliaciones propuestas tras el Estado de Alarma

Los auditores valencianos han hecho una rápida y fuerte inversión para adaptarse al nuevo escenario: el teletrabajo y la digitalización de procesos ha sido clave en este proceso

En la Comunidad Valenciana se auditan 3.675 empresas, que suponen el 20,5% del tejido empresarial, el 32% de ellas voluntariamente

El Estado de Alarma, decretado por el Gobierno el pasado 14 de marzo, y las medidas urgentes de carácter extraordinario, adoptadas para responder al impacto económico y social, tenían un efecto directo sobre la formulación de cuentas de las empresas y, por tanto, sobre las auditorías de las mismas, al facilitar su aplazamiento hasta el próximo 1 de septiembre. Sin embargo, la práctica totalidad de empresas valencianas obligadas a auditar sus cuentas, y aquellas que lo hacen de forma voluntaria, han realizado estos trámites en los plazos habituales y no se han acogido a la prórroga voluntaria.

Así lo ha hecho público el Colegio de Auditores de la Comunitat Valenciana, a través de los datos del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), que señalan que en torno a un 90% de informes de auditoría en nuestra Comunidad se han hecho en el periodo habitual. Tal y como señala Rafael Nava, presidente del Colegio de Auditores autonómico, “seguimos ajustándonos en todo momento a las necesidades de nuestros clientes y del sistema financiero, entregando nuestros informes en los plazos que se nos han demandado. Hemos hecho una rápida y fuerte inversión para adaptarnos”.

La tecnología y la digitalización, claves en la adaptación

Los auditores, debido a la coyuntura generada por la pandemia, se han visto obligados a hacer un esfuerzo especial para analizar cómo afecta esta nueva situación a sus clientes, incorporando nuevas pruebas, nuevos perfiles profesionales y revisando de arriba abajo sus procesos internos. “Los empresarios nos trasladaron que, en la medida que pudiéramos todos cumplir con los plazos inicialmente previstos para publicar la información financiera, mejor”, explica el presidente de los auditores valencianos.

Las tecnologías de comunicación digital han permitido a los auditorescumplir adecuadamente con los requerimientos de intercambio de información y de presentación de los resultados de las auditorías a los Órganos de Administración y a los responsables del gobierno de las diferentes entidades auditadas.

El valor de la auditoría para las PYMES: mejor acceso al crédito

En opinión de Rafael Nava, los mercados y los usuarios van a elevar las exigencias de transparencia y de fiabilidad de la información financiera que publican las empresas, especialmente si se pretende acceder al crédito y a la financiación necesaria para mitigar el impacto y los riesgos financieros. De hecho, recientemente el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), del que forma parte el Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana, presentó el estudio El valor de la auditoría de cuentas para las pymes en España en el que se concluía que las pymes que se auditen muy probablemente tendrán mejor acceso al crédito y que los trámites y plazos necesarios para la obtención de la financiación bancaria también se dan en mejores condiciones a las empresas que se auditan.

“Una vez más los auditores estamos preparados para dar la respuesta que la sociedad espera de nosotros, para cumplir con esos requerimientos de calidad necesaria y garantizar los atributos mencionados de transparencia y fiabilidad en la información que llegue a los mercados”, concluye Nava.

En la Comunidad Valenciana se auditan 3.675 empresas, que suponen el 20,5% del tejido empresarial, el 32% de ellas voluntariamente. Actualmente, la auditoría es obligatoria en aquellos casos de empresas que cumplan dos de estos tres criterios: tener un número medio de empleados superior a 50; que el importe neto de la cifra anual de negocio sea superior a 5,7 millones de euros; o que las partidas del activo superen los 2,85 millones.